Carta de Carlos Alarico Gómez a los Bolivarenses

Apreciados paisanos:

En virtud de la severa crisis por la que estamos atravesando deseo expresarles algunos aspectos claves que pueden incidir en lo que presiento será la mejor salida para todos, incluyendo a los sátrapas que desgobierna este país.

Lo que se avecina:

El 30 de julio será una jornada de inmensa desgracia para todos los venezolanos y para los que aman a este territorio, aun cuando no sean de aquí. Ese es el día previsto para el asesinato público de lo que aún queda de sistema democrático, así como de la Constitución que fue elaborada en 1999, la vigésima sexta Carta Magna, la que dio nacimiento a esta Quinta República que aparentemente está llegando a su final. El método para lograr ese despropósito es a través de una jornada amañada en la que un aproximado al 20% de los electores decidirá el destino del 80% restante. 

2.- Lo que intentan hacer: 

El cinismo de los organizadores es tan grande que en esas seudo elecciones se permite que quien lo desee pueda votar varias veces en una estructura geográfica delimitada de tal forma que le dará al partido de gobierno y sus secuaces un 100% del control del poder. El objetivo es elaborar una "Constituyente Comunal" que no está en la Constitución y, por lo tanto, es ilegal. Saben bien que para ser legal es necesario ante todo que se le consulte al pueblo si desea cambiar o no el texto constitucional, parcial o totalmente, de acuerdo a lo establecido en la normativa, la cual expresa que la soberanía reside en el pueblo. Esa es pues la limitante de la acción de este y de cualquier gobierno futuro.

3.- El montaje de un fraude:

Por lo tanto, los organizadores de la Constituyente Comunal están cometiendo un delito que pagarán ante un Tribunal y, de salir exitosos, se enfrentarán al jurado de la Historia. Esta burla ignominiosa a la opinión pública mayoritaria del país traerá graves consecuencias, lo que parece no importarle a los actuales gobernantes, debido a que creen tener control absoluto sobre las Fuerzas Armadas y Policiales, además del acceso al Tesoro Nacional con el cual pueden sumar voluntades. Sin embargo, la dignidad de la inmensa mayoría que se opone a esta grotesca manipulación incluye a gente de todos los sectores. La esperanza se sustenta en los militares institucionales –que los hay- y líderes de opinión del Chavismo, como el caso de la Fiscal General, del general Ramírez y de muchas personas ligadas al oficialismo, que ante todo aman a su país. De ser así como yo creo, Venezuela recuperará su libre albedrío y se instalará definitivamente el Estado de derecho.

4.- Qué viva Venezuela

Academias Nacionales Condenan Políticas del Gobierno

LAS ACADEMIAS NACIONALES A LOS VENEZOLANOS Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL LAS ACADEMIAS NACIONALES, preocupadas por la peligrosa situación institucional, política, social y económica que vive el país, estiman su deber pronunciarse por el restablecimiento de la paz con base en lo establecido en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigentes. Son motivo de gran preocupación para las Academias los resultados de recientes encuestas que reflejan el incremento de la pobreza en Venezuela. Esta afectaría al 82% de la población, la mitad en pobreza extrema. Se trata de la consecuencia de erradas políticas económicas implementadas a lo largo de varios lustros que han conducido a una devaluación sostenida de la moneda y a la inflación más alta del mundo en los últimos años, al punto de que la canasta básica familiar en el mes de mayo alcanzó casi un millón y medio de bolívares (es decir, 21,5 veces el salario mínimo). Ello hace casi imposible la sobrevivencia a la familia venezolana, valga decir, a los pobres de antes y a los empobrecidos de ahora. El incremento de la mortalidad infantil y la materna, asociadas a la grave falta de alimento y a la pobreza, así como las notables carencias en medicamentos y servicios hospitalarios, que rondan el 85%, la reaparición de enfermedades hace tiempo erradicadas como la difteria, o largamente controladas como la malaria y la tuberculosis, complementan un cuadro que habla de un deterioro social pronunciado imposible de sobrellevar. Estos problemas están en la raíz de las protestas populares que con tanta fuerza han ocurrido en todo el país desde el mes de abril pasado, en uso de la garantía constitucional a la manifestación pacífica, expresada en el artículo 68 de nuestra Carta Magna. Las Academias Nacionales rechazamos de manera categórica la respuesta del Ejecutivo Nacional a tales manifestaciones, expresada en declaraciones y comportamientos amenazantes de funcionarios del gobierno así como en la brutal y desmedida represión de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y la actuación de cuerpos armados irregulares, que ya ha dejado un saldo trágico de más de 80 muertes -sobre todo de jóvenes y menores de edad- y miles de civiles heridos, arrestados o detenidos. De estos últimos, varias centenas han sido sometidos a tribunales militares y condenados, en abierta contravención de la Constitución y de tratados internacionales a los cuales está obligada Venezuela como signataria, que prohíben tanto el uso de armas letales para el control de manifestaciones públicas como el empleo de la 2 jurisdicción militar en causas contra civiles. Rechazamos igualmente los allanamientos ilegales, los abusos y atropellos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado. Estos hechos, que parecen orientados a la conformación de un Estado represivo, violatorio de la Constitución vigente, han sido denunciados categóricamente por la Iglesia Católica y otras entidades civiles y religiosas tanto del país como del exterior. A las motivaciones sociales que indujeron las manifestaciones iniciales de protesta se han sumado en semanas recientes los reclamos contra las inconstitucionales propuestas del Ejecutivo Nacional en el sentido de forzar un cambio constitucional divorciado de los problemas nacionales, mediante una Asamblea Nacional Constituyente espuria de índole comunal y sectorial, sin la realización previa de un referéndum consultivo. Las Academias Nacionales protestamos tal convocatoria no solo porque viola las normas constitucionales actuales sobre la materia, sino porque anula el principio del voto universal, directo y secreto vigente en Venezuela desde hace siete décadas. Las palabras del presidente de la República el día martes 27 de junio anunciando el uso de balas cuando los votos no favorezcan la posición oficial, constituyen una amenaza inaceptable a la convivencia política pacífica y a un principio fundamental de las democracias como es la alternancia en el poder. En virtud de ello, las repudiamos y recordamos que las armas de la República deben ser para la defensa nacional y no para que una minoría trate de imponerse sobre las demás mediante la violencia. Rechazamos asimismo las decisiones del cuestionado poder judicial que a través de múltiples sentencias, ha llegado al extremo de arrogarse atribuciones de la Asamblea Nacional y de pretender trasladar competencias constitucionales de otros poderes del Estado al ejecutivo nacional, lo cual concentraría en una sola persona o cuerpo estos poderes, como ocurre en regímenes dictatoriales. Respaldamos las declaraciones y acciones de organismos oficiales y organizaciones públicas como la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, los partidos y organizaciones políticas que luchan por la democracia, múltiples organismos civiles y expertos en derecho constitucional que, invocando los artículos 333 y 350 de la constitución vigente, se han manifestado categóricamente en contra de la ruptura del ordenamiento constitucional perpetrado por el poder ejecutivo, con apoyo y colaboración del poder judicial. Por todas esas razones, en esta hora compleja de la República, las Academias Nacionales hacen un llamado al cese de la represión y que los poderes públicos se apeguen de manera estricta a la constitucionalidad, la legalidad y la institucionalidad. Solo así se podrá normalizar la convivencia ciudadana, retomar las abandonadas metas de bienestar social y económico y trabajar en la construcción pacífica de un futuro más promisorio, bajo los principios universales de la democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos. En Caracas, a los 30 días del mes de junio de 2017. 3 Horacio Biord Castillo Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua Inés Quintero Montiel Directora de la Academia Nacional de la Historia Gabriel Ruán Santos Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales Alfredo Díaz Bruzual Presidente de la Academia Nacional de Medicina Gioconda Cunto de San Blas Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales Humberto García Larralde Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas Gonzalo Morales Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

SINDICATOS UNIVERSITARIOS RECHAZAN VIOLACIÓN DEL RECINTO UNIVERSITARIO DE UDO

LA UNIVERSIDAD ES UNA SOLA ¡Defendamos la Inviolabilidad del Recinto Universitario! Ante los múltiples hechos de violencias ocurridos en las Universidades del país, en especial la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo Bolívar, en la que se violentó el recinto universitario por efectivos de la Policía Nacional (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana, que abriendo fuego en contra de los estudiantes que manifestaban; trágicamente asesinaron a un estudiante de medicina e hirieron a otros dentro de las instalaciones universitarias. Los trabajadores y estudiantes, debemos pronunciarnos. Lo que hoy día está sucediendo, es que se están pisoteando y violentando nuestros derechos y garantías constitucionales, siendo la Autonomía Universitaria unas de ellas Art. 109: …“Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley”. Lo ocurrido en la Universidad de Carabobo, UPEL, la UCV y recientemente la UDO, es una muestra que no son “errores”; sino que hay una política represiva ante las manifestaciones y protestas, independientemente de si se le señalan de “violentas o no”. Que busca cercenar y frenar el derecho a manifestar. Como ocurrió con los trabajadores universitarios, cuando también fuimos reprimidos primero, por “civiles” que estaban en compañía de efectivos de la Guardia Nacional y luego por estos, para evitar que a través de la fuerza y la represión marcháramos pacíficamente hasta la Presidencia de la Republica a entregar un documento, para exigir respeto y participación de la IIICCU. Es evidente que las condiciones democráticas y constitucionales se deterioran, a la vez que crece el malestar social en medio de una crisis política y económica que empuja a la población venezolana a protestar por sus derechos y sus pésimas condiciones de vida. Usándose como pretexto, la violencia desatada por la polarización de un escenario político cada vez más incierto, para de esta manera instalar una represión permanente que evite que la población venezolana manifiesten y exprese su descontento, sobre todo el Sector Universitario. Es por eso, que las autoridades universitarias, las federaciones, los sindicatos y organizaciones estudiantiles, no pueden y no debería dejar pasar esta gravísima situación que pone en riesgo la vida de todas las personas que hacen vida en las casas de estudio. Desde nuestros sindicatos exigimos un claro y categórico pronunciamiento, de los Consejos Universitarios y las principales federaciones universitarias a nivel nacional que rechace y condene la forma de cómo se irrumpen las universidades por los cuerpos de seguridad del estado, en clara violación del recinto universitario. 

Agresiones contra Escuela de Medicina de la UDO

NUEVAMENTE  EXPRESAMOS  RECHAZO POR  LA  AGRESIÓN

A LOS ESTUDIANTES Y AL RECINTO UNIVERSITARIO

Los organismos de seguridad del Estado venezolano nuevamente violentaron el recinto Universitario y varios estudiantes fueron físicamente lesionados, quedando las instalaciones de la Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta” plagada de restos de artefactos explosivos y de bombas lacrimógenas. Este hecho ocurrió el día  04 de Mayo del 2017. Nosotros los profesores que hacemos vida en esta casa de estudios, reprochamos estos delitos públicos.

¿Es ése el respeto de los organismos de seguridad del estado hacia Instituciones Públicas Autónomas, en especial a la Escuela de Ciencias de la Salud de la UDO Núcleo Bolívar, donde se forman los futuros profesionales, que atenderán las necesidades de la población venezolana; a los mismos guardias nacionales y a la policía y donde, además, acuden niños, adultos y ancianos por exámenes especiales y por atención especializada?.

Hay que recordar a la comunidad en general que en la Escuela de Ciencias de la Salud, existen laboratorios con reactivos inflamables, (alcoholes, fenoles, ácidos, álcali, entre otros) y microorganismos biológicos (bacterias y hongos en colección), que pudieran ocasionar un riesgo elevado, en caso de que estos fueran vertidos al ambiente, por efecto de explosivos. Además, con los escasos recursos que hoy disponen las universidades para infraestructura física y para investigación es imperativo que se deba cuidar y proteger a nuestra Universidad de Oriente.

Haciendo un poco de historia,  justamente en el mes de Mayo, pero del año 2014; un grupo de estudiantes, profesores y empleados universitarios, entregamos una carta abierta de protesta ante la Fiscalía de la República solicitando a las autoridades competentes la apertura de los procedimientos penales, civiles y administrativos correspondientes por la violación del recinto universitario y todavía se espera respuesta…

Anexamos la carta difundida y entregada ante la Fiscalía que expresa el mismo sentir por lo ocurrido hoy en la Universidad de Oriente.

CARTA ABIERTA A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES Y EN ESPECIAL AL PUEBLO DE VENEZUELA EN GENERAL (Se entregó a la fiscalía el 20/05/14)

En virtud de los hechos ocurridos los días 08 y 12 de Mayo de 2014, en la sede de la Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”, de la Universidad de Oriente,  Núcleo Bolívar, organismos de seguridad del  Estado venezolano, arremetieron contra la Institución (alumnos, profesores e instalaciones), con artefactos explosivos y bombas lacrimógenas. Nosotros, miembros de la comunidad universitaria, profesores, investigadores, empleados, obreros y estudiantes, que suscribimos este documento, manifestamos categóricamente nuestro rechazo a este hecho deplorable, por ser  violatorio del recinto universitario.

En la Escuela de Ciencias de la Salud, nuestra Casa Más Alta del Oriente Venezolano, hacemos vida profesionales académicos dedicados a la formación de personal altamente cualificado en la atención medica y paramédica, prestando servicio a la comunidad oriental en términos de diagnóstico y tratamiento especializado; además de realizar investigación en el área biomédica, respaldada por numerosas publicaciones científicas de reconocimiento internacional, y nacional por parte del Programa de Estímulo al Investigador e Innovador (PEII) del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología (ONCTI) y que redunda en el bienestar de la población venezolana. Asimismo, apoyan en estas labores el personal técnico, administrativo y obrero que con mística, dedican su trabajo al mantenimiento de las funciones y de la estructura de la Institución, en la que se cuentan laboratorios que poseen equipos de docencia e investigación valiosos, sustancias potencialmente tóxicas y gases inflamables, bioterio con animales para la experimentación y la docencia, entre otros.

De conformidad con el artículo 4 del Código Civil, a la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras.  Pues bien, en el caso de la inviolabilidad del recinto universitario, la ley es muy clara y no deja margen a la duda. El artículo 109 de la Constitución, establece la inviolabilidad del recinto universitario. Y donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, de tal suerte que la inviolabilidad del recinto universitario, es la inviolabilidad del recinto de cualquier universidad, sean nacionales (autónomas propiamente dichas o experimentales con la autonomía sui generis) y las privadas.

La ley de Universidades dispone en su artículo 7 que: El recinto de las Universidades es inviolable. Su vigilancia y el mantenimiento del orden son de la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias; no podrá ser allanado sino para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los tribunales de justicia. Se entiende por recinto universitario el espacio precisamente delimitado y previamente destinado a la realización de funciones docentes, de investigación, académicas de extensión o administrativas propias de la Institución. En tal sentido, ninguna autoridad que no sea la universitaria podrá penetrar o allanar edificios o instalaciones destinados a estos menesteres, salvo que sea para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los tribunales de justicia.

Tan celoso ha sido el legislador en resguardar el recinto universitario que el numeral 2 del artículo 110 de la Ley de Universidades, dispone que: será causal de remoción de sus cargos de docentes o de investigación los profesores titulares, asociados, agregados y asistentes cuando participen, o se solidaricen activa o pasivamente, con actos o medidas que atenten contra la inviolabilidad del recinto universitario. De manera que la connivencia activa o pasiva en tal desafuero también tiene su consecuencia nefasta.

Y es que la filosofía que inspira a la ley persigue que sea el propio profesorado el primer defensor de la inviolabilidad del recinto universitario, porque deben ser sus garantes por antonomasia.

De tal forma que una actitud de ariete para embestir el recinto o una actitud indiferente por parte de los sujetos a que se refiere el artículo, o un respaldo a actos o medidas que atenten contra la inviolabilidad del recinto universitario, por acción o por omisión pretendiendo solapar o dejar de soslayo tal conducta antiuniversitaria es causal de remoción en los términos de la ley.

Y es de derecho, que obra contra la ley quien hace lo que ella prohíbe y en fraude de la ley quien respetando las palabras legales elude su verdadero sentido.

Por razones de seguridad jurídica, los llamados a respaldar el cumplimiento de la norma, no pueden favorecer su violación so pretexto de desconocimiento de la ley, pues a la luz del artículo 2 del Código Civil la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.

En ese sentido y por cuanto los hechos acaecidos ponen en riesgo la seguridad, integridad física y la vida de los trabajadores y trabajadoras adscritos a la Universidad de Oriente, así como la de los estudiantes que reciben allí su formación académica para el cuidado y preservación de la salud humana y la de los pacientes, entre los que se cuentan niños, niñas y adolescentes, que buscan mitigar sus problemas sanitarios, demandamos el respeto que la institución académica, que durante más de 50 años, ha forjado  generaciones de profesionales de alto nivel intelectual y humano en el sector de la Salud, merece. Solicitando a las autoridades competentes, la apertura de los procedimientos penales, civiles y administrativos a que haya lugar, por cuanto se trata de delitos de acción pública.-

En Ciudad Bolívar; a los quince días del mes de Mayo de dos mil catorce.

Nombre y Apellidos, C.I.  y  profesión.-

Firmas en Depósito.

Academias rechazan constituyente de Maduro

LA CONVOCATORIA PRESIDENCIAL A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ES UN FRAUDE A LA DEMOCRACIA.

 Las Academias Nacionales exponen su posición en relación a los decretos N° 2.830 y N° 2.831, de fecha 1° de mayo de 2017, dictados por el presidente de la República, mediante los cuales pretende convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que proceda “a decidir el futuro de la patria” y crea una comisión presidencial para que elabore una propuesta de bases comiciales y de conformación y funcionamiento de dicha Asamblea. Sobre todo ello, las Academias Nacionales declaran lo siguiente: 1.- De conformidad con el artículo 347 de la Constitución, le corresponde de manera exclusiva al pueblo venezolano la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Es solo mediante el voto universal, directo, secreto y libre, a través de un referendo consultivo, que los ciudadanos pueden decidir sobre dicha convocatoria. En esa misma oportunidad debe el pueblo aprobar las bases comiciales que rijan la organización, funcionamiento y límites de la Constituyente. 2.- El proceso constituyente tiene una naturaleza compleja desarrollada en cuatro etapas que involucran el ejercicio de la soberanía, a saber, (1) la convocatoria, competencia exclusiva del pueblo por ser el titular de la soberanía; (2) la elección de los constituyentes que en apego a lo estipulado en la bases comiciales previamente aprobadas deberán elaborar el nuevo texto constitucional; (3) las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente siguiendo el mandato de los electores; y (4) la aprobación o rechazo del pueblo, mediante votaciones libres, universales, directas y secretas, del texto fundamental elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente. Ninguno de los poderes constituidos puede arrebatar al pueblo el ejercicio directo de la soberanía que, de acuerdo a la Constitución, solo a este se atribuye, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 5: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. Página 2 de 4 3.- Como lo expresa la Exposición de Motivos del texto constitucional vigente, la incorporación de la facultad de convocar la Constituyente por el pueblo es consecuente “con la idea de que es el pueblo el legítimo depositario del poder constituyente originario.” La incorporación del artículo 348 se hizo precisamente para normar la convocatoria al Poder Constituyente por el pueblo “sin acudir a la interpretación, que produjo esta Constitución”. Se califica la atribución de esta convocatoria al pueblo en la referida Exposición de Motivos como “expresiva de la más acertada definición democrática en torno a la soberanía popular.” Por ello, el presidente de la República solo puede tomar la iniciativa para convocar la Constituyente mediante referendo consultivo. En virtud de ello, el decreto 2.830 al convocar directamente la Constituyente usurpa la soberanía popular, viola de manera flagrante, directa e inmediata lo establecido en la Constitución y constituye, por ende, un fraude a la democracia. 4.- No solo el presidente de la República, sino también la Asamblea Nacional, los concejos municipales y los propios ciudadanos (un 15% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral) tienen iniciativa para proponerle al pueblo la realización de una Constituyente (artículo 348 de la Constitución), pero solo el pueblo, mediante referendo, puede decidir si la convoca. 5.- Destacamos la grave violación constitucional en la que incurre también el Consejo Nacional Electoral, que a través de su presidenta, ha iniciado el trámite de la solicitud formulada por el presidente de la República a través de las vías de hecho, de forma inmediata, sin la debida deliberación del organismo y en violación directa y flagrante de los artículos 292 y siguientes de la Constitución vigente. Reiteran las Academias que el Consejo Nacional Electoral, como ente rector del Poder Electoral y de acuerdo con lo ordenado por la Constitución, debe actuar basado en los principios de independencia orgánica e imparcialidad, en obsequio siempre de la participación ciudadana y en defensa de la voluntad del pueblo, que se expresa a través del voto. Contrariamente a lo ocurrido, el Consejo Nacional Electoral, para proteger y preservar la voluntad del pueblo, ha debido advertirle al presidente de la República que su iniciativa debe ser sometida a referendo consultivo en aras de no usurpar la soberanía popular. 6.- Las Academia Nacionales consideran que el desafío actual de los venezolanos no es cambiar la Constitución sino rescatar la democracia, hacer cumplir la Página 3 de 4 constitución vigente y restablecer el orden constitucional y el Estado de derecho vulnerado. Por lo anterior, las Academias Nacionales emiten este pronunciamiento conjunto con la intención de orientar a la opinión pública venezolana: I.- Los decretos presidenciales 2830 y 2831, de fecha 1° de mayo de 2017, no están acordes a nuestra Constitución y son un fraude a la misma porque la propuesta de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de la manera como está contenida en esos decretos, usurpa la soberanía del pueblo y los derechos fundamentales de los ciudadanos. II- . La pretensión de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin cumplir los extremos legales puede interpretarse como una maniobra para eliminar todos los poderes actuales de la República. Parecería que la finalidad es instaurar un estado antidemocrático, omnipotente y exclusivo, cambiando para ello el orden democrático de nuestra actual Constitución. III.- Solicitamos a los órganos del Poder Público Nacional, a los que corresponde velar por la vigencia y supremacía de la Constitución, pronunciarse sobre el necesario restablecimiento del orden constitucional y democrático. IV.- Exigimos al Consejo Nacional Electoral que actúe con plena independencia y en consecuencia, rechace, niegue y se oponga, en protección de la soberanía popular, al intento del presidente de la República de convocar una Asamblea Constituyente en usurpación de la soberanía popular, esto es, sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución. V.- Alertamos a la comunidad internacional y a sus diversas organizaciones para que continúen su cooperación orientada al restablecimiento del orden constitucional y democrático en Venezuela. En Caracas, a los seis días del mes de mayo de 2017 Horacio Biord Castillo Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua Inés Quintero Montiel Directora de la Academia Nacional de la Historia Página 4 de 4 Gabriel Ruán Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales Alfredo Díaz Bruzual Presidente de la Academia Nacional de Medicina Gioconda Cunto de San Blas Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales Humberto García Larralde Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas Gonzalo Morales Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

Del 6-D al 6-D: Un año de la Asamblea

MARU MORALES P.

Analistas consideran que la gestión del Poder Legislativo ha ganado aprobación entre los ciudadanos, pero consideran que los parlamentarios no han sabido comunicar el impacto que ha tenido el bloqueo impuesto por el Ejecutivo. Si 2016 fue complejo, las proyecciones para 2017 no son mejores: continuación del cerco gubernamental contra el Parlamento, inflación fuera de control y elecciones regionales y municipales, con primarias opositoras incluidas y las aspiraciones de más de un diputado

Profesores universitarios contra atropellos a la Asamblea Nacional

CARTELERA DE FAPUV ATROPELLO A LA NACIÓN El 6 de diciembre de 2015, el pueblo de Venezuela, en comicios democráticos, eligió una nueva Asamblea Nacional. Los distintos  sectores que participaron en la contienda aceptaron los resultados, y el país entendió, esperanzado, que se abrían caminos para la superación de su grave crisis política, social y económica. La instalación de la nueva Asamblea Nacional fue interpretada por la población como la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y participar en la definición de un nuevo rumbo para el país. Así lo demuestra la intensa y masiva movilización de los distintos sectores organizados gremiales, sindicales, académicos, jubilados, vecinales, ambientalistas, estudiantiles, indigenistas, etc., que a partir de su instalación, acudieron y siguen acudiendo a la Asamblea con solicitudes y propuestas para su sector y para la Nación. El Presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de una arremetida sostenida contra la Asamblea Nacional, vienen contrariando los valores, principios y garantías democráticos, con menoscabo de los derechos humanos y políticos de todos los venezolanos. Desde el inicio del período de esta Asamblea Nacional, el TSJ ha desconocido sus actuaciones y sentenciando como nulas sus decisiones, en menoscabo de la soberanía popular que ella representa, de la Constitución Nacional (CRBV) y del Estado de Derecho; el colmo ha sido su decisión de usurpar las funciones del Poder Legislativo al sentenciar que el Presidente puede presentar el Presupuesto Nacional ante la Sala Constitucional. Mientras tanto, el Presidente retiene los recursos de la Asamblea, para impedir su normal funcionamiento. Por su parte, y con el propósito de congraciarse con el gobierno nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) insiste en obstaculizar la convocatoria oportuna del Referendo Revocatorio Presidencial y ha suspendido arbitrariamente la elección de cargos públicos regionales, impidiendo de esa manera la necesaria expresión de la voluntad nacional, ante la emergencia social y la profunda crisis en el país. Tanto el Poder Judicial como el Poder Electoral se han sometido a la voluntad del gobierno en desmedro de su autonomía y del interés nacional. Con estas actuaciones esencialmente antidemocráticas, el Presidente, el TSJ y el CNE sustituyen, de hecho y por la fuerza, la voluntad popular que nace del sufragio, por la voluntad de grupúsculos organizados en esas instancias que carecen de legitimidad. Derechos humanos y necesidad de cambio La CRBV, establece taxativamente  derechos en los ámbitos político, económico, social, cultural, ambiental y de los pueblos indígenas, que vienen siendo sistemáticamente violados por el Ejecutivo Nacional, en especial los derechos humanos, que tienen el máximo rango en la Constitución. El derecho a la integridad física y a la vida no se garantiza en Venezuela: la inseguridad personal es alarmante y a ella se suma la violencia desatada por el gobierno a través de la OLP. El Artículo 83 de la CRBV protege el derecho a la salud, pero el colapso de los servicios públicos, la escasez de insumos médicos y medicinas; el deterioro de los hospitales y la insuficiencia de personal especializado han comprometido la vida de los enfermos y cobrado numerosas vidas. El derecho humano a la alimentación no se cumple debido al desabastecimiento y al ingreso familiar insuficiente. El gobierno viola el Artículo 91 de la CRBV sobre salario suficiente que establece que el salario mínimo debe garantizar el acceso a la canasta básica. El Artículo 103 de la CRBV garantiza acceso equitativo a una educación de calidad. Sin embargo, todos los programas orientados al bienestar estudiantil y a garantizar la igualdad de oportunidades han colapsado; con la emergencia social que vivimos, el ausentismo estudiantil ha aumentado; y el gobierno impulsa una reforma curricular orientada al adoctrinamiento y a la reducción de contenidos en el área de ciencias básicas, para solapar la insuficiencia de profesores causada por el maltrato continuado del Estado venezolano a su personal docente. Las Universidades son sometidas al asalto de sus espacios académicos tanto por el hampa como por el gobierno; a la violación de su autonomía; al desconocimiento de sus gremios; a la opresión de sus comunidades a través de la imposición de salarios de hambre, y a la liquidación de sus programas de investigación por ausencia de presupuesto. La libertad de expresión y el carácter plural del sistema político venezolano, son distorsionados al obligar a los empleados públicos a definirse como acólitos del partido de gobierno y a asistir a sus movilizaciones. Se llega al colmo al despedir a trabajadores por ejercer sus derechos políticos; se viola el derecho a la información así como el derecho al debido proceso de los presos de conciencia; se violan todos los principios y derechos políticos, los cuales son irrenunciables, progresivos y no pueden ser restringidos por gobierno alguno. La violación de todos estos derechos fundamentales está causando un enorme sufrimiento social. Ésa es la causa del descontento generalizado en el país. La convicción de que un cambio de rumbo es indispensable para superar la crisis y hacer realidad las políticas públicas que viene demandando el pueblo venezolano en sus luchas, ha llevado a sectores mayoritarios de la ciudadanía a procurar ese cambio a través del voto, del debate público y del ejercicio de la libertad de organización y demás derechos políticos a pesar de la creciente represión. En virtud del conjunto de las consideraciones anteriores, y en estricto cumplimiento de nuestros deberes establecidos en la Ley de Universidades y en los Estatutos de nuestra Federación: Exigimos a la Asamblea Nacional que ejerza plenamente sus atribuciones constitucionales y a los demás poderes públicos que se sometan a la voluntad del pueblo venezolano expresada con claridad el pasado 06-12-2015 en las elecciones parlamentarias. Exhortamos al Consejo Nacional Electoral a cumplir con los procedimientos constitucionales respectivos, para la realización del Referendo Revocatorio Constitucional y la elección de gobernadores este mismo año. Invitamos a todos los universitarios y a la ciudadanía en general a defender, ejerciéndolo con firmeza, el derecho a la participación política del pueblo venezolano, hoy decidido a cumplir constitucional y pacíficamente su responsabilidad con el país y con las futuras generaciones. COMITÉ EJECUTIVO  “ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS” fapuv@cantv.net    https://es-la.facebook.com/fapuv   https://twitter.com/FAPUV