martes, 29 de marzo de 2016

La crisis moral

EDUARDO FERNÁNDEZ



En Venezuela estamos atravesando una pentacrisis. Es decir, una crisis que tiene cinco lados. Esos cinco lados son: político, económico, social, cultural y ético


Hoy quiero referirme a la crisis ética que tal vez representa la mayor y más preocupante de las manifestaciones de la crisis.

La crisis ética se pone de manifiesto por la ausencia de valores, de principios, de normas. El más grande y más importante de todos los derechos humanos es el derecho a la vida. En nuestro país, todos los días recibimos el impacto noticioso de cómo ese derecho tan fundamental que es el derecho a la vida es violado y vulnerado.

El acontecimiento más reciente es lo ocurrido en la humilde población de Tumeremo en el estado Bolívar. Una masacre que pone de manifiesto lo peor de la condición humana. El desprecio a la vida envuelve también un desprecio absoluto a la dignidad de la persona.

En la cultura cristiana creemos que cada persona, por humilde que sea su condición social, tiene una inmensa dignidad. Cada ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Es creatura de Dios. Es hijo de Dios. Todos somos hermanos porque compartimos el mismo padre. De allí surge el sentimiento de igualdad y de fraternidad universales, mucho antes de que en 1789 fueran proclamados los derechos del hombre y del ciudadano por la Revolución Francesa con su consigna de libertad, igualdad y fraternidad. Y mucho antes de la declaración universal de los derechos humanos que acompaño al nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas en San Francisco, California, en 1948.

Tampoco se respeta el derecho a la propiedad. En una sociedad moderna, organizada y civilizada, es indispensable que se respete la vida y se respete la propiedad.

En la Venezuela contemporánea existe un irrespeto total por el derecho a la propiedad. Prevalece el robo en todas sus manifestaciones, desde el robo que se perpetra desde las alturas del poder hasta los robos y atracos que afectan a toda la población, cualquiera que sea su nivel social o su condición económica.

Lo que debería ser un país de vida, de progreso, de respeto a los derechos humanos y a la propiedad, se ha convertido en el imperio de la muerte, del atraco, de la mentira y del desconocimiento de los derechos fundamentales de la persona.

El país necesita un rearme moral. Que prevalezca la honestidad, la verdad, la sinceridad, el respeto al derecho ajeno, la defensa del estado de derecho y la vigencia de las normas de una convivencia civilizada.

Seguiremos conversando.

@EFernandezVE


Leer más en:
http://www.ifedec.com/category/articulos/eduardo-fernandez/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/opinion/firmas/eduardo-fernandez/la-crisis-moral.aspx#ixzz43Fe2A8Lg

viernes, 25 de marzo de 2016

"El Topo"

Revelan detalles sobre “El Topo”, responsable de la masacre en Tumeremo

"El Topo", que le gusta vestir de negro, pesa más de 100 kilos
"El Topo", que le gusta vestir de negro, pesa más de 100 kilos
El diario español El Mundo indica que Jamilton Andrés Ulloa Suárez, de 44 años de edad, no siempre fue un jefe sanguinario. Habría comenzado en las minas como un trabajador más para ganar dinero dentro del negocio del oro
El Topo es el hombre más temido pero menos visto en Tumeremo, un poblado al sureste de Venezuela donde funcionan alrededor de 100 campamentos mineros de forma clandestina, sin control del gobierno. Él es el jefe de la mitad de estas explotaciones mineras, donde tiene un ejército armado para controlar la seguridad de las tierras y cobrar a los trabajadores un 30% del oro que logran extraer bajo tierra. Ni los mineros ni su ejército titubean a la hora de seguir sus órdenes a rajatabla. Y es que El Topo no sólo es un jefe estricto. Es un jefe sanguinario.
Así comienza la crónica “El Topo' que descuartiza a los mineros del oro”, publicada en el diario El Mundo de España.
Michael, que hace un año trabajaba en el campamento Hoja e'lata, fue testigo de cómo un minero que adeudaba su cuota a “El Topo” pagó las consecuencias. "Llegaron a la mina dos tipos que trabajan para la banda, uno de ellos se bajó de la moto, caminó hasta donde estaba el minero y le metió una bala en cada mano. No dijo ni una palabra, pero todos sabíamos que eso era un recado del jefe", dijo Michael con cautela a El Mundo, porque al igual que el resto del pueblo tiene miedo.
El diario español destaca que “El Topo” se llama Jamilton Andrés Ulloa Suárez, es de nacionalidad ecuatoriana pero reside en Venezuela desde hace 14 años. “Mide 1,72, pesa más de 100 kilogramos, es moreno, tiene 44 años y suele vestir de negro. Desde el 2009 lidera la banda delictiva que lleva su nombre y, que según fuentes policiales, está compuesta por alrededor de 60 hombres que manejan armas de guerra traídas por contrabando desde Colombia”, agrega la nota.
El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, maneja la hipótesis de que “El Topo” trabaja con paramilitares de Colombia. “Las pruebas que sostienen esta tesis del gobierno se basan en que tiene un marcado acento colombiano, y que además a principios del año 2000 recibió entrenamiento paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, indica El Mundo de España.
Pero Ulloa Suárez no siempre ha sido un jefe sanguinario. Sus inicios en las minas fueron como un trabajador más que llegó a la zona junto a su familia para ganar dinero dentro del negocio del oro.
"Entró con su hermano, El Negro Aurelio, su hermana La Bacha y tres de sus sobrinos. Y trabajaban codo a codo con el resto de los mineros, pero ya se veía que no tenían miedo a nadie, ni siquiera a la banda que en su momento era la que mandaba", cuenta una mujer de la zona.
Poco a poco, la familia fue ganando fuerza en las minas. De hecho, su hermano El Negro Aurelio era el líder del grupo. Pero el 4 de junio de 2009, éste se enfrentó a tiros con El Niche, jefe hasta aquel momento de la zona. En el combate, ambos resultaron abatidos y el trono cayó en las manos de “El Topo”.

martes, 15 de marzo de 2016

EL ESTADO BOLÍVAR EN LLAMAS / Manuel Malaver

opinión


La Razón / ND

Bolívar en llamas

13 Marzo, 2016
El jueves Venezuela amaneció sacudida por la noticia de que el juez del Tribunal Sexto de Juicio de Puerto Ordaz, Beltrán Javier Lira, había condenado a cuatro años de cárcel al presidente-editor del diario “Correo del Caroní”, David Natera, a raíz de la publicación en el 2013 de una investigación sobre denuncias de un caso de corrupción que involucraba a directivos de Ferrominera del Orinoco, una empresa de la CVG.
La decisión no podía ser más perturbadora y emblemática, pues embestía, de una parte, contra un medio de comunicación que durante los últimos 17 años no le ha dado tregua a la corrupción que le ha ido comiendo las entrañas al Estado Bolívar, y de otra, a su presidente-editor, David Natera, quien no ha cejado en defender la libertad de expresión, y es un nombre que con orgullo exhibe Venezuela en el procerato de luchadores mundiales por los derechos humanos y el libre ejercicio del pensamiento.
De ahí que fue natural que la opinión pública viera tras la decisión del juez Lira al presidente Nicolás Maduro y al gobernador del Estado Bolívar, general Francisco Rangel Gómez, dos personajes de los más siniestros en la guerra contra la libertad de expresión que el socialismo y la revolución llevan a cabo en Venezuela y en Bolívar, y de la cual “Correo del Caroní” y Natera eran, simplemente, sobrevivientes.
Y no es que en Venezuela no hubiera desde los primeros años del “proceso” periodistas presos, ni los hayan matado, torturado, y forzado al exilio (como es el caso del director de este semanario, Pablo López Ulacio, la colega Patricia Poleo y 22 comunicadores y editores perseguidos por Diosdado Cabello, para solo hablar de unos pocos), sino que en el caso del “Correo…” y Natera se extremaron todas las ilegalidades y abusos, sin duda para ejemplificar el remate de la libertad de expresión en el país y dejar constancia de que la revolución castrochavista no quiere periodistas sino presos y medios de comunicación en agonía o muertos.
Para empezar, la causa por la que se condenó a Natera era del 2013 y había encontrado culpables y condenado a prisión a un coronel del Ejército, Juan Carlos Álvarez Dionisi, a tres gerentes de Ferrominera, y a un personaje de la picaresca guayanesa, empresario y editor, Yamal Mustafá, quien durante la investigación resultó ser el jefe de la “Mafia del Hierro”.
Todos habían sido acusados por la institución de la cual era director Álvarez Dionisi, la Dirección de Contrainteligencia Militar (Digcim), de extorsionar a directivos de la estatal ferrominera y a empresarios de la región, a cambio de no incluirlos en un expediente que levantaba el oficial sobre la todopoderosa y archicorrupta “Mafia del Hierro”
Los autos se realizaron, las pruebas y testigos proliferaron, la opinión pública y líderes, como el ex gobernador y diputado Andrés Velásquez, clamaron porque se hiciera justicia y todos los acusados fueron sentenciados y condenados a pagar prisión.
Todos, menos Yamal Mustafá, “El Rey de la Mafia del Hierro”, contratista de la gobernación de Bolívar e íntimo del gobernador, Rangel Gómez, quien se las ingenió, no sabemos si mediante sobornos o tráfico de influencias, para obtener una medida cautelar y no terminar de cumplir la condena, y cual Conde de Montecristo criollo y guayanés, regresó en diciembre pasado a Puerto Ordaz para vengarse de quienes juzgaba “los culpables de su desgracia”.
Y entre más de 50 medios nacionales y extranjeros que habían informado y hecho seguimiento al “Caso de Ferrominera”, demandó “por difamación e injuria” al “Correo del Caroní” y a su presidente-editor Natera, dizque por haber vilipendiado a un auténtico capo de la corrupción y que solo en un país y una región donde la delincuencia organizada tomó el estado, podía estar pidiendo la condena de un medio y su editor “por el delito” de cumplir con el deber de informar la verdad.
Otra demostración, en fin, -aparte del pranato político, militar y judicial que campea en Venezuela y el Estado Bolivar- es la tristemente célebre “Ley Mordaza” que, aunque Chávez hizo aprobar para controlar la radio y la televisión independientes, y ahora, que ya estas casi ni existen, se ha redirigido a encarcelar periodistas y cerrar medios impresos.
Un adefesio jurídico y moral que de nuevo debe ser denunciado ante el país y la Asamblea Nacional, a fin de que se tomen las decisiones necesarias para derogarla y la libertad de expresión vuelva a brillar en Venezuela como guardián de la libertad y al abrigo de corruptócratas como Maduro, Cabello, Rafael Ramírez, Tarek Al Aissami y Rangel Gómez.
Y es responsable esta ley de que Venezuela y el Estado Bolívar lleven una semana enterándose por cuenta gotas, y de manera fragmentada, y hasta sesgada, del asesinato de 28 mineros que a comienzos de semana fueron ultimados a consecuencia de la guerra entre los pranes que, a pocos kilómetros de Tumeremo, (tres horas de Puerto Ordaz) se pelean el control de las minas de oro que proliferan en la zona.
“Por ocho kilos de oro comenzó la matazón” cuenta la periodista Sebastiana Barráez, del semanario “Quinto Día”, que le informó un testigo casi presencial de los hechos, y la “matazón” ocurrió porque unos mineros que se desplazaron ante el rumor de la aparición de una bulla en una mina llamada Atenas, fueron emboscados, tiroteados y descuartizados en alcabalas de un pran, “El Topo”, quien considera que toda la zona minera que rodea a Tumeremo “es de su propiedad”.
Pero también de políticos, militares y policías corruptos que la comparten con él, y se dividen las ganancias, o reciben pagas por protección, y son los autores de las incontables ilegalidades y atropellos que se cometen a diario en unas lejanías amazónicas que han devenido en una tierra de nadie.
Es la extensión a Guayana del “Estado Forajido” que Maduro recibió como herencia del difunto Chávez, y en el cual, los inmensos recursos mineros se tasan al mejor postor de lealtades a los caudillos y su revolución, sea en la OEA, la ONU, la Unasur, Mercosur, la UE u otras multilaterales de la región, Europa y Asia; a prestamistas como los chinos, a aliados estratégicos como los cubanos, iraníes y rusos y a cuanta organización terrorista colombiana o del Medio Oriente busca refugio en las inmensas e impenetrables selvas.
Por eso, cuentan viajeros y representantes de ONG que sobreviven en la zona, “Guayana es lo más parecido a los territorios africanos que durante los siglos XVIII y XIX fueron expoliados por los imperialistas franceses, ingleses, belgas, alemanes e italianos, donde los aventureros podían ser muchos, pero los expoliadores y sus aliados nativos, unos pocos”.
“Hasta trabajo esclavo puede encontrarse en estos días en Guayana, tal como existió en el Congo en tiempos del fatídico rey Leopoldo I de Bélgica”, me cuenta un colega residente, “pero ahora capitaneado por políticos, narcotraficantes, militares, contrabandistas, secuestradores, y mafiosos de toda laya, una ralea que solo conoce el lenguaje de las balas, los asesinatos y las desapariciones”.
Ciertamente, la tragedia de Guayana viene denunciándose desde el extranjero, y con profusión de material audiovisual en cableras del exterior y cadenas de televisión de América y Europa, pero sin que hasta ahora le haya merecido comentarios al desgobierno de Maduro, quien, para convertirla en política nacional, acaba de aprobar un decreto, el del Arco Minero, por el que la zona minera más importante de Venezuela, una de las regiones del mundo con mayores recursos hídricos, y una área privilegiada en términos de su variedad de flora, fauna y diversidad, es entregada a la piratería y codicia internacionales “por un puñado de dólares”.
Que es, estrictamente, lo que les interesa a Maduro y a sus forajidos: cómo procurarse dólares en un país donde la riqueza petrolera fue devastada y regalada a los aliados socialistas de América y el mundo, y ahora solo quedan estas minas de oro que, sin la misma rentabilidad que el petróleo, ofrecen una nueva oportunidad para continuar con el saqueo.
Como escribiera recientemente el economista, Alexander Guerrero en un artículo: “Es el cambio del rentismo petrolero, por el rentismo del oro”.
Una era que comienza con un descoyuntamiento de las bases políticas, económicas y morales del país y en la cual solo cabe sobrevivir en medio de hambrunas crónicas y recurrentes y, literalmente, de la caridad internacional.
Tal y como ocurre en Cuba, Corea del Norte y algunos países de Áfri