jueves, 23 de abril de 2015

El miedo a pensar



El socialismo no es ninguna ideología, sino un cuento para imponer un Estado confesional y totalitario, en donde el individuo no tendrá derecho a su existencia privada. Este plan ha sido y continuará siendo aplicado progresivamente, para que los ciudadanos no protesten y sigan sobreviviendo de la apatía, la indolencia y la incapacidad.

Salvatore Giardullo Russo
ND 8 Septiembre, 2014

Nada es fácil cuando se piensa que otros tienen la solución. Nos esclavizamos al dejar que terceros actúen por nosotros. Nos convertimos en seres dependientes, en casi parásitos de una realidad que no forma parte de nuestra verdad. El miedo a pensar, el terror a disentir, la inseguridad de perder lo poco que tenemos, nos vuelve prisioneros de una ideología que no compartimos.

Nos acostumbramos a seguir caudillos, nos formaron a acatar sus acciones, nos educaron a no ser ciudadanos, porque no sabemos ejercer nuestros derechos y enfrentar la vida, porque hemos dejado que los demás tomen las decisiones. Es la realidad que vive esta nación.

Muchos prefieren vivir humillados, que enfrentar su existencia. El día a día ya es una letanía, es algo automatizado. No se sale del carril, si osas hacerlo, el régimen te volverá a tu lugar, porque ya no existes, eres parte del clientelismo político, debes pagar el precio de trabajar con fidelidad. Gritar consignas que no crees, asistir a marchas que no te gustan, usar atuendos que te denigran, todo con el fin de mantener el empleo, la beca, la pensión o la ayuda.
No puedes salir de esa situación, porque el opinar se paga caro. No tienes derecho a discrepar, ya que eres uno más de millones que tienen prohibido alzar la voz, porque tu afonía producida por la cobardía, impide ser lo que deberías, que no es otra cosa, que un venezolano con plenos derechos y deberes reales, no impuestos.

Fuimos un pueblo capaz de liberar otras naciones. Nos caracterizamos en ser una sociedad contestataria ante las injusticias. Levantábamos la voz ante las desigualdades. Éramos solidarios ante aquellos que necesitaban ayuda. ¿Qué ha pasado, qué nos ha pasado?
Se desprecia la libertad, la democracia y el estado de derecho. Ahora somos seres acomodaticios, que esperamos obtener el mayor beneficio con el mínimo esfuerzo. Ya no hay valores, principios, moral y ética. Eso no es importante, porque ya no tenemos patria y cada vez vamos teniendo menos país.

Los últimos 15 años Venezuela nos enseñó que quien trabaja, sueña y se esfuerza, termina mal. La idiosincrasia del hombre nuevo se basa en la picardía. Se alaba todo aquel que se comporta como un oportunista y el honrado que se esfuerza, es descaradamente rechazado.
Los niveles de vida son miserables, para sobrevivir el pueblo tiene que vestir su franelita 
roja, comprar en los Mercal o PDVAL, inscribirse en el PSUV, oír alocuciones presidenciales, arrastrarse el año entero y rezar el Chávez nuestro que estás en los cielos. Y aquellos que osen no hacerlo, no tendrán trabajo, ni comida, ni ropa, ni casa y a lo mejor ni aire para respirar.

El 
socialismo no es ninguna ideología, sino un cuento para imponer un Estado confesional y totalitario, en donde el individuo no tendrá derecho a su existencia privada. Este plan ha sido y continuará siendo aplicado progresivamente, para que los ciudadanos no protesten y sigan sobreviviendo de la apatía, la indolencia y la incapacidad.
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Alberto Rodríguez Barrera
___________________
“Un necio no puede ser autoridad”
Simón Bolívar


sábado, 18 de abril de 2015

Sociedad de borregos y cómplices (Proyecto 15 Educativo)






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Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. - Declaración Universal de los Derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948 en París.







lunes, 13 de abril de 2015

Correo del Carroni ahora tabloide


Correo del Caroní cambia de formato por la crisis de papel en Venezuela

  
El viernes 10 fue la última publicación en formato estándar (25 pulgadas) de Correo del CaroníEl viernes 10 fue la última publicación en formato estándar (25 pulgadas) de Correo del CaroníFoto Leonardo Suárez Montoya
   
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Correo del Caroní informa que a partir del lunes 13 de abril de 2015 circulará por primera vez en 37 años de trayectoria periodística con un formato diferente (tamaño tabloide) debido a la crisis de suministro de papel que afecta a Venezuela desde comienzos de 2014.
La edición impresa de este diario ha sufrido importantes recortes a raíz de la escasez de papel que tuvo su origen en el discrecional manejo de las divisas por parte del Ejecutivo nacional y la consiguiente modificación de la comercialización de este insumo para favorecer la concentración en manos del Estado.
Recientemente, la organización Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) -Capítulo Venezuela- abordó otra arista del problema que atraviesan los medios independientes con la publicación de dos reportajes  periodísticos  que dan cuenta de cómo el Estado venezolano utiliza -de manera discrecional- la publicidad oficial con la intención de condicionar el periodismo.
La reducción de la edición impresa a un cuerpo de ocho páginas que se implementó el 6 de enero de 2014 permitió prolongar las reservas de bobinas de 25 pulgadas (tamaño estándar), hasta el pasado viernes 10 de abril de 2015.
Ahora nos vemos obligados a migrar al formato tabloide para garantizar nuestra circulación y la independencia editorial que genera molestias en un sector gubernamental y las redes de corrupción tanto públicas como privadas.
Destacamos la posición común, acordada por la directiva y la redacción de este medio, de no realizar gestión alguna que limite o condicione la libertad de expresión y el derecho a la información de la gente.
El pueblo de Guayana y de Venezuela ha tenido y tendrá siempre esta tribuna para expresar sus opiniones, canalizar sus denuncias y ejercer sin miedo ni mediatizaciones la defensa de los derechos humanos y democráticos.
Correo del Caroní ratifica el compromiso histórico de ensalzar la dignidad del ser humano como máxima que rige su accionar periodístico, siempre en favor del bienestar social. 

En Correo del Caroní asumimos esta coyuntura como un tiempo propicio para continuar con el desarrollo de una plataforma digital que se ha convertido, en poco tiempo, en un portal de oportunidades para una ciudadanía que demanda y exige información apegada a la realidad sin privaciones del poder.
(Con información del editorial publicado el pasado 10 de abril de 2015)

domingo, 12 de abril de 2015

Felipe González: Venezuela despilfarró 800.000 millones de dólares




Madrid, 12 abr (EFE).- El expresidente del Gobierno español Felipe González afirmó hoy que Venezuela ha "despilfarrado sólo en exportaciones de petróleo 800.000 millones de dólares" y ahora las familias venezolanas tiene que vivir con "cartillas de racionamiento". 

Al afirmar que los países que "distribuyen sin crear llevan a la pobreza", González se mostró convencido de que Venezuela esta actualmente en una situación peor que la estuvo Cuba durante el periodo especial de 1992-95, debido al "estraperlo". 

"En Cuba un kilo de arroz para cada familia era un kilo de arroz, pero en Venezuela significa tres cuartos de kilo, si llega, y un cuarto de kilo en el mercado negro, lo que en España llamamos el estraperlo", dijo hoy el expresidente en la clausura de la conferencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se celebró en Madrid de cara a las elecciones municipales de mayo. 

González criticó de esta forma que haya "crisis alimentaria en un país de los mas ricos del mundo en recursos" como es Venezuela, al que comparó con España. 

"No como nosotros, pobres de solemnidad, que el único recurso del que disponemos es la gente, y por eso tenemos que cultivarla, educarla y mantenerla sana", sostuvo González. 

También se refirió a su decisión de defender como abogado a los políticos opositores venezolanos presos Leopoldo López y Antonio Ledezma, este último alcalde metropolitano de Caracas. 

"Soy demócrata y me importa más la libertad del que no piensa como yo que la del que piensa como yo", declaró. 

Dicha decisión fue aplaudida por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien aseguró que los socialistas están "muy orgullosos" de que defienda la "libertad de los presos en Venezuela", como socialistas y como españoles, porque "socialismo es libertad". 

Pero la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo el mes pasado que Felipe González "no tiene facultades" para ejercer la abogacía en Venezuela. 

"Él no tiene facultades ni para ejercer la abogacía en Venezuela ni para entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, de tal forma que yo le recomiendo que si le fue mal en su otro negocio (...) que se rebusque la vida de otra forma", dijo la canciller en rueda de prensa con medios internacionales el 25 de marzo.EFE

PANAMÁ: Declaración sobre Venezuela


sábado, 11 de abril de 2015

DECLARACION SOBRE VENEZUELA DE LOS EX JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

Quienes suscribimos el presente documento, ex Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, invitados por la Iniciativa Democrática de  España y las Américas (IDEA) y preocupados por el curso que toma la grave alteración institucional, política, económica y social que afecta  sin distinciones a nuestros hermanos venezolanos, hacemos constar lo siguiente:

La democracia y su ejercicio efectivo, fundamento de la solidaridad entre los Estados, consiste en el respeto y garantía de los derechos humanos, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa, la probidad y transparencia gubernamentales, entre otros estándares, tal y como consta en la Declaración de Santiago de Chile adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 1959, luego ampliada y desarrollada por la Carta Democrática Interamericana de 2001.
No obstante ello, el gobierno de Venezuela denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos y sostiene una política de no reconocimiento ni acatamiento de las decisiones y pronunciamientos dictados por los órganos internacionales e interamericanos de tutela de derechos humanos, afectando gravemente el derecho al amparo internacional de derechos que consagra la Constitución de dicho Estado en beneficio de todas las personas.

En lo particular, es manifiesta la ausencia de independencia de la Justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan políticamente disidentes frente al señalado gobierno, la presencia reiterada de actos de tortura por funcionarios del Estado, la existencia de grupos para estatales armados y de apoyo al mismo gobierno, y el ambiente de total impunidad, a cuyo efecto se le exige la inmediata liberación de todos los presos políticos, entre otros del dirigente democrático Leopoldo López y los alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballos. Sucesivamente, funcionarios de la policía política, sin rostros visibles, sin mediación judicial ni procedimiento de investigación previo, apresan por la fuerza al Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien es la segunda autoridad civil de elección popular más importante en la capital de Venezuela, y hoy se le mantiene recluido junto a otros presos políticos, en una prisión militar; hecho que, siendo atentatorio del ejercicio del poder con apego al Estado de Derecho, lo anuncia y celebra el Presidente de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión – imponiendo previamente un black out informativo sobre la actuación arbitraria e ilegítima de sus funcionarios – acusando luego a Ledezma de suscribir junto al preso político Leopoldo López y la diputada María Corina Machado una opinión política en la que afirman el carácter antidemocrático del gobierno de Nicolás Maduro y señalan las vías constitucionales que, a juicio de éstos, permitirían superar de conjunto la crisis venezolana.

Rige en Venezuela, además, una hegemonía comunicacional de Estado, decidida por el mismo gobierno desde noviembre de 2004 en su documento La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana. Al efecto, se han dictado leyes de control de contenidos de la información y para el incremento de las sanciones penales por delitos de desacato, promoviéndose la censura y la autocensura de la prensa. La violencia contra periodistas, columnistas y twitteros tiene carácter sistemático y se les criminaliza. Han sido cerrados medios de comunicación social independientes, sea por decisión oficial o propia, por falta de insumos o papel periódico cuya importación controla el Estado, tanto como se han suspendido las señales de medios extranjeros o han expulsado a sus periodistas del territorio nacional.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, en su Informe de 2013 da cuenta, por una parte, que “en Venezuela se ha producido un proceso de reformas estructurales del marco jurídico y de aplicación de políticas públicas que han debilitado las garantías del derecho a la libertad de expresión en el país” y, por la otra, hay un “uso persistente de declaraciones estigmatizantes utilizadas por funcionarios públicos para descalificar a periodistas, medios de comunicación y miembros de la oposición que expresan ideas, opiniones o difunden información contraria a los intereses del Gobierno venezolano”.

Desde 2009 la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos “considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela”. Dentro de dicho contexto, en medio de la aguda crisis venezolana mencionada, signada por la persecución y judicialización de la oposición democrática, el gobierno se ha hecho ahora de una “ley habilitante” a fin de legislar por vía de decretos ejecutivos sobre todas las materias del orden constitucional y para establecer sanciones, incluidas las penales, arguyendo la inminencia de un conflicto internacional e interior, y obviando la necesaria declaratoria – si fuese el caso – de un estado de emergencia que le obligaría someterse al control judicial y su observación por los organismos internacionales de derechos humanos.

Por lo mismo, cabe observar que sin la efectiva vigencia de un sistema de separación e independencia de los poderes públicos, que permita el control de los mismos, ninguno de los componentes esenciales de la democracia a los que alude la misma Carta Democrática Interamericana pueden llegar a tener verdadera aplicación en Venezuela; es decir, no puede haber posibilidad real de exigir y controlar la transparencia y probidad de las actividades gubernamentales, y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; no hay forma de garantizar el efectivo respeto de los derechos sociales ni la libertad de expresión y de prensa; no se puede asegurar la subordinación de todas las autoridades del Estado, incluyendo la militar, a las instituciones civiles del Estado; en definitiva, no se puede asegurar el respeto al Estado de derecho.

La alteración constitucional y democrática que sufre Venezuela se profundiza, asimismo, en el plano de lo económico y social, en razón, por una parte, de los señalamientos y evidencias que suministran gobiernos e instituciones financieras internacionales sobre actos de corrupción y lavado de dineros agravados que comprometerían a altos funcionarios y jerarcas militares venezolanos y, por otra parte, al constatarse el derrumbe de la economía venezolana, en la que si bien influye la caída internacional de los precios del crudo, sus dimensiones se explican en la ausencia de políticas públicas propias de una economía sana y moderna, que ha contribuido al señalado clima de corrupción y la dilapidación gubernamental de la riqueza nacional.

Ello ha generado una serie de problemas y desbalances en la economía venezolana, que van más allá de la caída internacional de los precios del petróleo y se han profundizado notablemente durante los últimos años. 
Éstos y aquéllos se presentan en los ámbitos fiscales, monetarios, financieros, cambiarios, petroleros y reales, dando lugar a una recesión muy profunda en el país y a una galopante inflación que mina la capacidad de compra y los ingresos familiares, acentúa la pobreza, genera desempleo y deteriora la calidad de vida de la población, particularmente la de aquellos que menos tienen. Un gasto gubernamental desbocado y desordenado que cada vez se distancia más de sus ingresos, ha generado enormes y crecientes déficits, que hoy ya alcanzan niveles equivalentes a cerca de 20% del PIB. Eso no solo ha hecho que la deuda pública se incremente notablemente, particularmente la interna, sino también que el gobierno haya forzado al Banco Central de Venezuela (BCV) a financiar buena parte de esa brecha a través de la creación masiva de dinero sin respaldo que, a su vez, se ha traducido en un crecimiento dislocado de la oferta monetaria.

Así las cosas, cuando los consumidores acuden a los mercados o farmacias no encuentran los productos que buscan, pues la oferta se restringe cada vez con mayor intensidad, debido a:
· la hostilidad gubernamental a las pocas empresas privadas que subsisten a las ya expropiadas o confiscadas en procura de una economía de Estado;

· la imposición de restricciones de todo tipo a productores y comercializadores, entre ellas controles desmedidos de precios sin tomar en consideración el comportamiento de los costos, condenando a muchos a trabajar a pérdida;

· los muy limitados accesos a las divisas dentro de una economía que poco produce y casi todo lo importa, acumulándose deudas con los proveedores externos;

· la ineficacia creciente de las empresas públicas, muchas de ellas expropiadas o expoliadas al sector privado, que al pasar a manos del Estado producen mucho menos que antes.


En consecuencia, preocupados por el inmediato futuro de los venezolanos y obligados a contribuir con nuestra palabra a la afirmación de un clima de paz y de negociaciones que permitan abrirle senderos a una solución no violenta a la mencionada crisis, nos permitimos alertar sobre ello a los gobiernos de nuestros países y a la Cumbre de las Américas, así como expresar nuestro parecer en los términos siguientes:

a) La severa crisis democrática e institucional, económica y social que afecta a Venezuela y a todos los venezolanos no admite sino soluciones negociadas y sería irresponsable y hasta criminal reducirla o desfigurarla, en su origen y efectos, a una suerte de confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el llamado imperialismo norteamericano, o atribuirla a la mera caída de los ingresos petroleros.
b) Venezuela, a corto plazo y dentro del complejo ambiente que la afecta, signado por la persecución política de los opositores y la ausencia separación de poderes como de balances institucionales, vivirá un proceso electoral para la renovación de los representantes de la soberanía popular en la Asamblea Nacional; dado lo cual, sólo una observación internacional autorizada, imparcial, y técnicamente calificada, que acepte el Poder Electoral actualmente bajo control de militantes gubernamentales, podrá contribuir con la existencia de garantías para el debate político libre y el carácter justo, equitativo y transparente de los comicios planteados.
c) La corrección de los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes en Venezuela se logrará a través de la implementación de un amplio y complejo plan de ajuste, que incluye múltiples componentes como la racionalización del gasto gubernamental, la eliminación del financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central de Venezuela, la ampliación y diversificación de la producción interna; el estímulo y promoción de la inversión reproductiva; la desregulación de la economía. Pero su implementación, de suyo difícil y orientada a corregir los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes, puede generar efectos inmediatos que golpearían a toda la población, pero en especial al segmento de más bajos ingresos. Y ello reclamará la existencia de un liderazgo capaz de producir consensos democráticos, movilizar y asegurar un amplio apoyo político por la población, para lo cual será esencial la aplicación de una serie de planes sociales compensatorios efectivos, que mitiguen las adversidades.
d) La corrección de los severos desequilibrios que hoy se padecen en Venezuela exige un cambio radical en el manejo de la cuestión económica, un giro en su modelo político y económico, que tiene que hacerse dentro de un contexto de mucha amplitud. A su vez, tiene que responder a un esfuerzo que ayude a crear las condiciones que aseguren el éxito en la implementación ulterior de un plan de desarrollo sustentable de largo alcance; que busque no solo el progreso sostenido en lo económico, sino también la consecución de los objetivos de desarrollo permanente en materia política, institucional, social, ambiental, tecnológica, científica, cultural y de renovación ética. Solo así podrá salir Venezuela del atolladero que la atenaza, y logrará alcanzar el desarrollo y el progreso sustentable al que tiene derecho y deben aspirar todos los venezolanos, sin distinciones de ningún género. En suma y como desiderata cabe concluir que la única posibilidad de restablecimiento de la democracia en Venezuela y de una efectiva garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de los venezolanos, pasa por el rescate del principio y sistema de separación de poderes, mediante la designación de sus titulares respetando las garantías democráticas representativa y participativa establecidas en la Constitución, de manera de asegurar su independencia y autonomía, comenzando por el Poder Electoral y a fin de que puedan asegurarse con imparcialidad, el desarrollo de elecciones libres y justas.

Así lo refrendamos, en el día de hoy, nueve de abril de dos mil quince.
Nicolás Ardito B., Panamá
Oscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
Belisario Betancur, Colombia
Armando Calderón Sol, El Salvador
Felipe Calderón, México
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
Laura Chinchilla, Costa Rica
Alfredo Cristiani, El Salvador
Eduardo Duhalde, Argentina
Vicente Fox, México
Felipe González, España
Lucio Gutiérrez, Ecuador
Osvaldo Hurtado L., Ecuador
Luis Alberto Lacalle, Uruguay
Luis Alberto Monge, Costa Rica
Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia
Sebastián Piñera, Chile
Jorge Quiroga, Bolivia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
Julio M. Sanguinetti, Uruguay
Alejandro Toledo, Perú
Álvaro Uribe, Colombia
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, SIN COMUNISMO UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, ESTO NO PUEDE CONTINUAR, UNIDAD NACIONAL ALTERNATIVA, DESCENTRALIZAR, DESPOLARIZAR, RECONCILIAR, DEMOCRACIA PARLAMENTARIA, LIBERTARIO ACTUALIDAD, VENEZUELA, INTERNACIONAL, NOTICIAS, ENCUESTAS,

Panamá: Declaración sobre Venezuela




sábado, 11 de abril de 2015

DECLARACION SOBRE VENEZUELA DE LOS EX JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

Quienes suscribimos el presente documento, ex Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, invitados por la Iniciativa Democrática de  España y las Américas (IDEA) y preocupados por el curso que toma la grave alteración institucional, política, económica y social que afecta  sin distinciones a nuestros hermanos venezolanos, hacemos constar lo siguiente:

La democracia y su ejercicio efectivo, fundamento de la solidaridad entre los Estados, consiste en el respeto y garantía de los derechos humanos, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa, la probidad y transparencia gubernamentales, entre otros estándares, tal y como consta en la Declaración de Santiago de Chile adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 1959, luego ampliada y desarrollada por la Carta Democrática Interamericana de 2001.
No obstante ello, el gobierno de Venezuela denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos y sostiene una política de no reconocimiento ni acatamiento de las decisiones y pronunciamientos dictados por los órganos internacionales e interamericanos de tutela de derechos humanos, afectando gravemente el derecho al amparo internacional de derechos que consagra la Constitución de dicho Estado en beneficio de todas las personas.

En lo particular, es manifiesta la ausencia de independencia de la Justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan políticamente disidentes frente al señalado gobierno, la presencia reiterada de actos de tortura por funcionarios del Estado, la existencia de grupos para estatales armados y de apoyo al mismo gobierno, y el ambiente de total impunidad, a cuyo efecto se le exige la inmediata liberación de todos los presos políticos, entre otros del dirigente democrático Leopoldo López y los alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballos. Sucesivamente, funcionarios de la policía política, sin rostros visibles, sin mediación judicial ni procedimiento de investigación previo, apresan por la fuerza al Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien es la segunda autoridad civil de elección popular más importante en la capital de Venezuela, y hoy se le mantiene recluido junto a otros presos políticos, en una prisión militar; hecho que, siendo atentatorio del ejercicio del poder con apego al Estado de Derecho, lo anuncia y celebra el Presidente de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión – imponiendo previamente un black out informativo sobre la actuación arbitraria e ilegítima de sus funcionarios – acusando luego a Ledezma de suscribir junto al preso político Leopoldo López y la diputada María Corina Machado una opinión política en la que afirman el carácter antidemocrático del gobierno de Nicolás Maduro y señalan las vías constitucionales que, a juicio de éstos, permitirían superar de conjunto la crisis venezolana.

Rige en Venezuela, además, una hegemonía comunicacional de Estado, decidida por el mismo gobierno desde noviembre de 2004 en su documento La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana. Al efecto, se han dictado leyes de control de contenidos de la información y para el incremento de las sanciones penales por delitos de desacato, promoviéndose la censura y la autocensura de la prensa. La violencia contra periodistas, columnistas y twitteros tiene carácter sistemático y se les criminaliza. Han sido cerrados medios de comunicación social independientes, sea por decisión oficial o propia, por falta de insumos o papel periódico cuya importación controla el Estado, tanto como se han suspendido las señales de medios extranjeros o han expulsado a sus periodistas del territorio nacional.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, en su Informe de 2013 da cuenta, por una parte, que “en Venezuela se ha producido un proceso de reformas estructurales del marco jurídico y de aplicación de políticas públicas que han debilitado las garantías del derecho a la libertad de expresión en el país” y, por la otra, hay un “uso persistente de declaraciones estigmatizantes utilizadas por funcionarios públicos para descalificar a periodistas, medios de comunicación y miembros de la oposición que expresan ideas, opiniones o difunden información contraria a los intereses del Gobierno venezolano”.

Desde 2009 la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos “considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela”. Dentro de dicho contexto, en medio de la aguda crisis venezolana mencionada, signada por la persecución y judicialización de la oposición democrática, el gobierno se ha hecho ahora de una “ley habilitante” a fin de legislar por vía de decretos ejecutivos sobre todas las materias del orden constitucional y para establecer sanciones, incluidas las penales, arguyendo la inminencia de un conflicto internacional e interior, y obviando la necesaria declaratoria – si fuese el caso – de un estado de emergencia que le obligaría someterse al control judicial y su observación por los organismos internacionales de derechos humanos.

Por lo mismo, cabe observar que sin la efectiva vigencia de un sistema de separación e independencia de los poderes públicos, que permita el control de los mismos, ninguno de los componentes esenciales de la democracia a los que alude la misma Carta Democrática Interamericana pueden llegar a tener verdadera aplicación en Venezuela; es decir, no puede haber posibilidad real de exigir y controlar la transparencia y probidad de las actividades gubernamentales, y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; no hay forma de garantizar el efectivo respeto de los derechos sociales ni la libertad de expresión y de prensa; no se puede asegurar la subordinación de todas las autoridades del Estado, incluyendo la militar, a las instituciones civiles del Estado; en definitiva, no se puede asegurar el respeto al Estado de derecho.

La alteración constitucional y democrática que sufre Venezuela se profundiza, asimismo, en el plano de lo económico y social, en razón, por una parte, de los señalamientos y evidencias que suministran gobiernos e instituciones financieras internacionales sobre actos de corrupción y lavado de dineros agravados que comprometerían a altos funcionarios y jerarcas militares venezolanos y, por otra parte, al constatarse el derrumbe de la economía venezolana, en la que si bien influye la caída internacional de los precios del crudo, sus dimensiones se explican en la ausencia de políticas públicas propias de una economía sana y moderna, que ha contribuido al señalado clima de corrupción y la dilapidación gubernamental de la riqueza nacional.

Ello ha generado una serie de problemas y desbalances en la economía venezolana, que van más allá de la caída internacional de los precios del petróleo y se han profundizado notablemente durante los últimos años. 
Éstos y aquéllos se presentan en los ámbitos fiscales, monetarios, financieros, cambiarios, petroleros y reales, dando lugar a una recesión muy profunda en el país y a una galopante inflación que mina la capacidad de compra y los ingresos familiares, acentúa la pobreza, genera desempleo y deteriora la calidad de vida de la población, particularmente la de aquellos que menos tienen. Un gasto gubernamental desbocado y desordenado que cada vez se distancia más de sus ingresos, ha generado enormes y crecientes déficits, que hoy ya alcanzan niveles equivalentes a cerca de 20% del PIB. Eso no solo ha hecho que la deuda pública se incremente notablemente, particularmente la interna, sino también que el gobierno haya forzado al Banco Central de Venezuela (BCV) a financiar buena parte de esa brecha a través de la creación masiva de dinero sin respaldo que, a su vez, se ha traducido en un crecimiento dislocado de la oferta monetaria.

Así las cosas, cuando los consumidores acuden a los mercados o farmacias no encuentran los productos que buscan, pues la oferta se restringe cada vez con mayor intensidad, debido a:
· la hostilidad gubernamental a las pocas empresas privadas que subsisten a las ya expropiadas o confiscadas en procura de una economía de Estado;

· la imposición de restricciones de todo tipo a productores y comercializadores, entre ellas controles desmedidos de precios sin tomar en consideración el comportamiento de los costos, condenando a muchos a trabajar a pérdida;

· los muy limitados accesos a las divisas dentro de una economía que poco produce y casi todo lo importa, acumulándose deudas con los proveedores externos;

· la ineficacia creciente de las empresas públicas, muchas de ellas expropiadas o expoliadas al sector privado, que al pasar a manos del Estado producen mucho menos que antes.


En consecuencia, preocupados por el inmediato futuro de los venezolanos y obligados a contribuir con nuestra palabra a la afirmación de un clima de paz y de negociaciones que permitan abrirle senderos a una solución no violenta a la mencionada crisis, nos permitimos alertar sobre ello a los gobiernos de nuestros países y a la Cumbre de las Américas, así como expresar nuestro parecer en los términos siguientes:

a) La severa crisis democrática e institucional, económica y social que afecta a Venezuela y a todos los venezolanos no admite sino soluciones negociadas y sería irresponsable y hasta criminal reducirla o desfigurarla, en su origen y efectos, a una suerte de confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el llamado imperialismo norteamericano, o atribuirla a la mera caída de los ingresos petroleros.
b) Venezuela, a corto plazo y dentro del complejo ambiente que la afecta, signado por la persecución política de los opositores y la ausencia separación de poderes como de balances institucionales, vivirá un proceso electoral para la renovación de los representantes de la soberanía popular en la Asamblea Nacional; dado lo cual, sólo una observación internacional autorizada, imparcial, y técnicamente calificada, que acepte el Poder Electoral actualmente bajo control de militantes gubernamentales, podrá contribuir con la existencia de garantías para el debate político libre y el carácter justo, equitativo y transparente de los comicios planteados.
c) La corrección de los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes en Venezuela se logrará a través de la implementación de un amplio y complejo plan de ajuste, que incluye múltiples componentes como la racionalización del gasto gubernamental, la eliminación del financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central de Venezuela, la ampliación y diversificación de la producción interna; el estímulo y promoción de la inversión reproductiva; la desregulación de la economía. Pero su implementación, de suyo difícil y orientada a corregir los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes, puede generar efectos inmediatos que golpearían a toda la población, pero en especial al segmento de más bajos ingresos. Y ello reclamará la existencia de un liderazgo capaz de producir consensos democráticos, movilizar y asegurar un amplio apoyo político por la población, para lo cual será esencial la aplicación de una serie de planes sociales compensatorios efectivos, que mitiguen las adversidades.
d) La corrección de los severos desequilibrios que hoy se padecen en Venezuela exige un cambio radical en el manejo de la cuestión económica, un giro en su modelo político y económico, que tiene que hacerse dentro de un contexto de mucha amplitud. A su vez, tiene que responder a un esfuerzo que ayude a crear las condiciones que aseguren el éxito en la implementación ulterior de un plan de desarrollo sustentable de largo alcance; que busque no solo el progreso sostenido en lo económico, sino también la consecución de los objetivos de desarrollo permanente en materia política, institucional, social, ambiental, tecnológica, científica, cultural y de renovación ética. Solo así podrá salir Venezuela del atolladero que la atenaza, y logrará alcanzar el desarrollo y el progreso sustentable al que tiene derecho y deben aspirar todos los venezolanos, sin distinciones de ningún género. En suma y como desiderata cabe concluir que la única posibilidad de restablecimiento de la democracia en Venezuela y de una efectiva garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de los venezolanos, pasa por el rescate del principio y sistema de separación de poderes, mediante la designación de sus titulares respetando las garantías democráticas representativa y participativa establecidas en la Constitución, de manera de asegurar su independencia y autonomía, comenzando por el Poder Electoral y a fin de que puedan asegurarse con imparcialidad, el desarrollo de elecciones libres y justas.

Así lo refrendamos, en el día de hoy, nueve de abril de dos mil quince.
Nicolás Ardito B., Panamá
Oscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
Belisario Betancur, Colombia
Armando Calderón Sol, El Salvador
Felipe Calderón, México
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
Laura Chinchilla, Costa Rica
Alfredo Cristiani, El Salvador
Eduardo Duhalde, Argentina
Vicente Fox, México
Felipe González, España
Lucio Gutiérrez, Ecuador
Osvaldo Hurtado L., Ecuador
Luis Alberto Lacalle, Uruguay
Luis Alberto Monge, Costa Rica
Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia
Sebastián Piñera, Chile
Jorge Quiroga, Bolivia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
Julio M. Sanguinetti, Uruguay
Alejandro Toledo, Perú
Álvaro Uribe, Colombia
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay


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