Quienes
detentan el poder en Venezuela crearon y controlan el mayor andamiaje
comunicacional que se haya conocido en la historia de América Latina,
pero sus ciudadanos reciben cada vez menos información oficial, oportuna
y confiable, sobre la agobiante realidad económica y social de su país,
hoy declarado en crisis humanitaria.
Aquellas nuevas caras de la política que llegaron a la cima del
gobierno en Venezuela reclamando que la PDVSA del siglo XX fue “una caja
oscura” asumieron conductas, medidas y decisiones que han hecho de
Venezuela una república en tinieblas, una sociedad que caminaría a
tientas a no ser por los datos que arrojan organismos internacionales,
el sector privado, organismos gremiales y las comisiones de la Asamblea
Nacional en manos de la oposición.
El derecho a la información de los ciudadanos ha sido anulado por
varias vías. El cierre de las fuentes informativas a los periodistas de
los medios de comunicación independientes es una oprobiosa realidad
desde hace muchos años. El trato que reciben los reporteros en los entes
de la administración pública confirma cotidianamente que han sido
declarados intrusos, actores indeseables por los conductores del llamado
proceso revolucionario.
El incumplimiento de la obligación de los organismos del Estado a dar
índices o datos estadísticos de la economía, la salud, la educación, la
industria petrolera y cualquier otra área de vital importancia en el
desenvolvimiento de la nación vulnera flagrantemente los derechos
ciudadanos de la libertad de expresión e información. La comunicación en
función del desarrollo democrático no es un proceso ni una política que
tenga vigencia en Venezuela.
Datos sobre la inflación, estadísticas hospitalarias o
epidemiológicas, cifras sobre la deserción escolar, la desnutrición o la
real situación de la industria petrolera y sus niveles de producción no
son suministrados a la población a pesar del inmenso poder mediático,
cuasi hegemónico, que ejerce la cúpula que desde hace casi veinte años
maneja a su arbitrio el Estado venezolano.
Uno de los casos más protuberantes del abandono de la obligación de
informar y del principio de responsabilidad pública es el comportamiento
del Banco Central de Venezuela (BCV). La Constitución obliga a ese ente
a rendir ante el Poder Legislativo, que es decir la Asamblea Nacional,
“informes periódicos sobre el comportamiento de las variables
macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten e
incluirá los análisis que permitan su evaluación”. (Art. 319).
Esa información incluye los objetivos y las metas del instituto, que
de no ser cumplidos son causal de remoción de su directorio y de la
aplicación de sanciones administrativas. Lo que ha ocurrido es que el
Ejecutivo Nacional, mediante la utilización de un Tribunal Supremo de
Justicia cómplice en la ruptura progresiva del hilo constitucional, ha
relevado de toda sujeción del BCV ante la AN y lo ha convertido en un
ente prácticamente dedicado en exclusiva a financiar al gobierno
mediante la emisión de dinero inorgánico, con lo cual su única política
monetaria ha sido la destrucción de nuestra divisa.
PDVSA es otro caso dramático. Cada vez es más difícil obtener
información de los jerarcas de PDVSA sobre el estado de esa industria y
cuáles son los planes, si existen, para sacarla del colapso general que
se anuncia y que se profundiza cada semana: el estado ruinoso sus
instalaciones, su astronómico endeudamiento, la corrupción generalizada,
su producción en caída libre, la descapitalización acelerada en su
recurso humano y ahora sometida a procesos de embargo que están
dificultando el desplazamiento de sus cargamentos en aguas
internacionales. Peor, imposible.
El gobierno venezolano en manos “revolucionarias” no informa oportuna
ni verídicamente porque de hacerlo dejaría en evidencia los falsarios
mecanismos y contenidos de la propaganda oficial que, por ejemplo, lo
proclama como artífice de la educación gratuita contraponiéndolo a lo
que supuestamente ocurría en el pasado, pero mantiene ocultas las
escandalosas cifras de deserción no solamente escolar, sino también de
los educadores a todos los niveles y lo precario de las infraestructuras
educativas.
Hablan de impulsar la producción nacional, pero no explican por qué
las cajas de comida que reparten están llenos de productos importados
que antes se fabricaban con mayor calidad por industrias y manos
venezolanas. Sobrarían los ejemplos.
El acceso a cualquier documento que contenga información cuyo
conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas,
garantizado por el artículo 28, de la Constitución también ha sido
ignorado una y otra vez, a pesar de las denuncias internacionales.
Para el gobierno venezolano informar con la verdad, oportunamente y
de manera amplia y suficiente está reñido con el aseguramiento del
mecanismo para la dominación perpetua. Un tema fundamental que tendrá
que acometer la sociedad venezolana desde el mismo comienzo de la
transición democrática.
(*) Miembros de la directiva de Expresión Libre
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