sábado, 11 de abril de 2015
DECLARACION SOBRE
VENEZUELA DE LOS EX JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO
Quienes suscribimos el presente documento, ex Jefes de Estado y
de Gobierno Iberoamericanos, invitados por la Iniciativa Democrática de
España y las Américas (IDEA) y preocupados por el curso que toma la grave
alteración institucional, política, económica y social que afecta sin
distinciones a nuestros hermanos venezolanos, hacemos constar lo siguiente:
La democracia y su ejercicio efectivo, fundamento de la
solidaridad entre los Estados, consiste en el respeto y garantía de los
derechos humanos, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la
separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, las
elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa, la probidad y
transparencia gubernamentales, entre otros estándares, tal y como consta en la
Declaración de Santiago de Chile adoptada por la Organización de los Estados
Americanos en 1959, luego ampliada y desarrollada por la Carta Democrática Interamericana
de 2001.
No obstante ello, el gobierno de Venezuela denuncia la
Convención Americana de Derechos Humanos y sostiene una política de no
reconocimiento ni acatamiento de las decisiones y pronunciamientos dictados por
los órganos internacionales e interamericanos de tutela de derechos humanos,
afectando gravemente el derecho al amparo internacional de derechos que
consagra la Constitución de dicho Estado en beneficio de todas las personas.
En lo particular, es manifiesta la ausencia de independencia de
la Justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan
políticamente disidentes frente al señalado gobierno, la presencia reiterada de
actos de tortura por funcionarios del Estado, la existencia de grupos para
estatales armados y de apoyo al mismo gobierno, y el ambiente de total
impunidad, a cuyo efecto se le exige la inmediata liberación de todos los
presos políticos, entre otros del dirigente democrático Leopoldo López y los
alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballos. Sucesivamente, funcionarios de la
policía política, sin rostros visibles, sin mediación judicial ni procedimiento
de investigación previo, apresan por la fuerza al Alcalde Metropolitano de
Caracas, Antonio Ledezma, quien es la segunda autoridad civil de elección popular
más importante en la capital de Venezuela, y hoy se le mantiene recluido junto
a otros presos políticos, en una prisión militar; hecho que, siendo atentatorio
del ejercicio del poder con apego al Estado de Derecho, lo anuncia y celebra el
Presidente de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión – imponiendo
previamente un black out informativo sobre la actuación arbitraria e ilegítima
de sus funcionarios – acusando luego a Ledezma de suscribir junto al preso
político Leopoldo López y la diputada María Corina Machado una opinión política
en la que afirman el carácter antidemocrático del gobierno de Nicolás Maduro y
señalan las vías constitucionales que, a juicio de éstos, permitirían superar
de conjunto la crisis venezolana.
Rige en Venezuela, además, una hegemonía comunicacional de
Estado, decidida por el mismo gobierno desde noviembre de 2004 en su documento
La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana. Al
efecto, se han dictado leyes de control de contenidos de la información y para
el incremento de las sanciones penales por delitos de desacato, promoviéndose
la censura y la autocensura de la prensa. La violencia contra periodistas,
columnistas y twitteros tiene carácter sistemático y se les criminaliza. Han
sido cerrados medios de comunicación social independientes, sea por decisión
oficial o propia, por falta de insumos o papel periódico cuya importación
controla el Estado, tanto como se han suspendido las señales de medios
extranjeros o han expulsado a sus periodistas del territorio nacional.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, en su
Informe de 2013 da cuenta, por una parte, que “en Venezuela se ha producido un
proceso de reformas estructurales del marco jurídico y de aplicación de
políticas públicas que han debilitado las garantías del derecho a la libertad
de expresión en el país” y, por la otra, hay un “uso persistente de
declaraciones estigmatizantes utilizadas por funcionarios públicos para
descalificar a periodistas, medios de comunicación y miembros de la oposición
que expresan ideas, opiniones o difunden información contraria a los intereses
del Gobierno venezolano”.
Desde 2009 la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos
“considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente
al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia
venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los
derechos humanos en Venezuela”. Dentro de dicho contexto, en medio de la aguda
crisis venezolana mencionada, signada por la persecución y judicialización de
la oposición democrática, el gobierno se ha hecho ahora de una “ley
habilitante” a fin de legislar por vía de decretos ejecutivos sobre todas las
materias del orden constitucional y para establecer sanciones, incluidas las
penales, arguyendo la inminencia de un conflicto internacional e interior, y
obviando la necesaria declaratoria – si fuese el caso – de un estado de
emergencia que le obligaría someterse al control judicial y su observación por
los organismos internacionales de derechos humanos.
Por lo mismo, cabe observar que sin la efectiva vigencia de un
sistema de separación e independencia de los poderes públicos, que permita el
control de los mismos, ninguno de los componentes esenciales de la democracia a
los que alude la misma Carta Democrática Interamericana pueden llegar a tener
verdadera aplicación en Venezuela; es decir, no puede haber posibilidad real de
exigir y controlar la transparencia y probidad de las actividades
gubernamentales, y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública;
no hay forma de garantizar el efectivo respeto de los derechos sociales ni la
libertad de expresión y de prensa; no se puede asegurar la subordinación de
todas las autoridades del Estado, incluyendo la militar, a las instituciones
civiles del Estado; en definitiva, no se puede asegurar el respeto al Estado de
derecho.
La alteración constitucional y democrática que sufre Venezuela
se profundiza, asimismo, en el plano de lo económico y social, en razón, por
una parte, de los señalamientos y evidencias que suministran gobiernos e
instituciones financieras internacionales sobre actos de corrupción y lavado de
dineros agravados que comprometerían a altos funcionarios y jerarcas militares
venezolanos y, por otra parte, al constatarse el derrumbe de la economía
venezolana, en la que si bien influye la caída internacional de los precios del
crudo, sus dimensiones se explican en la ausencia de políticas públicas propias
de una economía sana y moderna, que ha contribuido al señalado clima de
corrupción y la dilapidación gubernamental de la riqueza nacional.
Ello ha generado una serie de problemas y desbalances en la
economía venezolana, que van más allá de la caída internacional de los precios
del petróleo y se han profundizado notablemente durante los últimos años.
Éstos y aquéllos se presentan en los ámbitos fiscales,
monetarios, financieros, cambiarios, petroleros y reales, dando lugar a una
recesión muy profunda en el país y a una galopante inflación que mina la
capacidad de compra y los ingresos familiares, acentúa la pobreza, genera
desempleo y deteriora la calidad de vida de la población, particularmente la de
aquellos que menos tienen. Un gasto gubernamental desbocado y desordenado que
cada vez se distancia más de sus ingresos, ha generado enormes y crecientes
déficits, que hoy ya alcanzan niveles equivalentes a cerca de 20% del PIB. Eso
no solo ha hecho que la deuda pública se incremente notablemente,
particularmente la interna, sino también que el gobierno haya forzado al Banco
Central de Venezuela (BCV) a financiar buena parte de esa brecha a través de la
creación masiva de dinero sin respaldo que, a su vez, se ha traducido en un
crecimiento dislocado de la oferta monetaria.
Así las cosas, cuando los consumidores acuden a los mercados o
farmacias no encuentran los productos que buscan, pues la oferta se restringe
cada vez con mayor intensidad, debido a:
· la hostilidad gubernamental a las pocas
empresas privadas que subsisten a las ya expropiadas o confiscadas en procura
de una economía de Estado;
· la imposición de restricciones de todo
tipo a productores y comercializadores, entre ellas controles desmedidos de
precios sin tomar en consideración el comportamiento de los costos, condenando
a muchos a trabajar a pérdida;
· los muy limitados accesos a las divisas
dentro de una economía que poco produce y casi todo lo importa, acumulándose
deudas con los proveedores externos;
· la ineficacia creciente de las empresas
públicas, muchas de ellas expropiadas o expoliadas al sector privado, que al pasar
a manos del Estado producen mucho menos que antes.
En consecuencia, preocupados por el inmediato futuro de los
venezolanos y obligados a contribuir con nuestra palabra a la afirmación de un
clima de paz y de negociaciones que permitan abrirle senderos a una solución no
violenta a la mencionada crisis, nos permitimos alertar sobre ello a los
gobiernos de nuestros países y a la Cumbre de las Américas, así como expresar
nuestro parecer en los términos siguientes:
a) La severa crisis democrática e institucional, económica y
social que afecta a Venezuela y a todos los venezolanos no admite sino
soluciones negociadas y sería irresponsable y hasta criminal reducirla o
desfigurarla, en su origen y efectos, a una suerte de confrontación entre el
gobierno de Nicolás Maduro y el llamado imperialismo norteamericano, o
atribuirla a la mera caída de los ingresos petroleros.
b) Venezuela, a corto plazo y dentro del complejo ambiente que
la afecta, signado por la persecución política de los opositores y la ausencia
separación de poderes como de balances institucionales, vivirá un proceso
electoral para la renovación de los representantes de la soberanía popular en
la Asamblea Nacional; dado lo cual, sólo una observación internacional
autorizada, imparcial, y técnicamente calificada, que acepte el Poder Electoral
actualmente bajo control de militantes gubernamentales, podrá contribuir con la
existencia de garantías para el debate político libre y el carácter justo,
equitativo y transparente de los comicios planteados.
c) La
corrección de los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes en
Venezuela se logrará a través de la implementación de un amplio y complejo plan
de ajuste, que incluye múltiples componentes como la racionalización del gasto
gubernamental, la eliminación del financiamiento de gasto público deficitario
por el Banco Central de Venezuela, la ampliación y diversificación de la
producción interna; el estímulo y promoción de la inversión reproductiva; la
desregulación de la economía. Pero su implementación, de suyo difícil y
orientada a corregir los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes,
puede generar efectos inmediatos que golpearían a toda la población, pero en
especial al segmento de más bajos ingresos. Y ello reclamará la existencia de
un liderazgo capaz de producir consensos democráticos, movilizar y asegurar un
amplio apoyo político por la población, para lo cual será esencial la
aplicación de una serie de planes sociales compensatorios efectivos, que
mitiguen las adversidades.
d) La
corrección de los severos desequilibrios que hoy se padecen en Venezuela exige
un cambio radical en el manejo de la cuestión económica, un giro en su modelo
político y económico, que tiene que hacerse dentro de un contexto de mucha
amplitud. A su vez, tiene que responder a un esfuerzo que ayude a crear las
condiciones que aseguren el éxito en la implementación ulterior de un plan de
desarrollo sustentable de largo alcance; que busque no solo el progreso
sostenido en lo económico, sino también la consecución de los objetivos de
desarrollo permanente en materia política, institucional, social, ambiental,
tecnológica, científica, cultural y de renovación ética. Solo así podrá salir
Venezuela del atolladero que la atenaza, y logrará alcanzar el desarrollo y el
progreso sustentable al que tiene derecho y deben aspirar todos los
venezolanos, sin distinciones de ningún género. En suma y como desiderata cabe
concluir que la única posibilidad de restablecimiento de la democracia en
Venezuela y de una efectiva garantía de los derechos políticos, económicos y
sociales de los venezolanos, pasa por el rescate del principio y sistema de
separación de poderes, mediante la designación de sus titulares respetando las
garantías democráticas representativa y participativa establecidas en la
Constitución, de manera de asegurar su independencia y autonomía, comenzando
por el Poder Electoral y a fin de que puedan asegurarse con imparcialidad, el
desarrollo de elecciones libres y justas.
Así lo refrendamos, en el día de hoy, nueve de abril de dos mil
quince.
Nicolás Ardito B., Panamá
Oscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
Belisario Betancur, Colombia
Armando Calderón Sol, El Salvador
Felipe Calderón, México
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
Laura Chinchilla, Costa Rica
Alfredo Cristiani, El Salvador
Eduardo Duhalde, Argentina
Vicente Fox, México
Felipe González, España
Lucio Gutiérrez, Ecuador
Osvaldo Hurtado L., Ecuador
Luis Alberto Lacalle, Uruguay
Luis Alberto Monge, Costa Rica
Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia
Sebastián Piñera, Chile
Jorge Quiroga, Bolivia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
Julio M. Sanguinetti, Uruguay
Alejandro Toledo, Perú
Álvaro Uribe, Colombia
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
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